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lunes, 23 de abril de 2012

Preocupa en la SIP la situación argentina


Preocupa en la SIP la situación argentina
Por La Nacion de Argentina
¿Qué está pasando en la Argentina?
Uno detrás de otro, los editores americanos lanzaban ayer, incrédulos, la misma pregunta. Venían sorprendidos por la tumultuosa confiscación de YPF, cuyos ecos se extienden por los medios del continente y monopolizan, todavía, espacios centrales de noticieros y diarios europeos.
Venían de leer en una misma semana los lapidarios editoriales de The Wall Street Journal, The Washington Post y Financial Times, en los que esos templos del periodismo universal le bajaron sin piedad el pulgar a la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, al punto de sugerir alguno que se expulse al país del G-20 como escarmiento ante tanta arbitrariedad. Y venían de escuchar de boca de un periodista argentino y de un editor extranjero la sarta de adversidades y hostigamientos que vive la prensa independiente en nuestro país, sólo comparable con las vivencias que exponen aquí, en la primera reunión del año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), colegas de Venezuela o Ecuador.
Gustavo Mohme, director del diario La República, de Perú, que en su calidad de presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP estuvo en Buenos Aires hace pocos meses, necesitó pocas palabras para dar su panorama: "En esta deliberada confrontación con medios como Clarín, LA NACION o Perfil subyace un proceso de limitación de libertades ciudadanas muy, muy serio. Hoy en día los índices de inflación se decretan, las empresas que los dan a conocer son multadas. Detrás del Fútbol para Todos o el Automovilismo para Todos se esconde un gran aparato de propaganda política", dijo.
Daniel Dessein, de La Gaceta, de Tucumán, hizo las veces de miembro informante de la situación argentina. Sostuvo que "un conjunto de leyes, medidas judiciales, resoluciones gubernamentales, actitudes y discursos públicos conformaron un terreno poco fértil para la libertad de expresión y el diálogo, presupuestos esenciales del sistema democrático y de la convivencia armónica", señaló.
Dessein llamó la atención sobre los siguientes hechos:
  • Las conferencias de prensa, que constituyen una práctica habitual en países con tradición republicana, fueron desterradas. Los funcionarios conceden entrevistas a medios afines o exponen sin permitir preguntas.
  • Las respuestas del oficialismo a muchas de las investigaciones o cuestionamientos periodísticos suelen ser el agravio, la descalificación o la postulación de teorías conspirativas, que incluyeron acusaciones de antisemitismo contra los columnistas Carlos Pagni y Osvaldo Pepe.
  • La sanción de una ley de acceso a la información pública sigue siendo una asignatura pendiente. La ciudadanía, así, no puede conocer cómo se administran sus propios intereses. A esto se agregan las amenazas de multas contra las consultoras que difunden índices de inflación distintos de las estadísticas oficiales.
  • A pesar de que un fallo de la Corte Suprema estableció que la publicidad oficial no puede ser usada de manera discriminatoria, continúa siendo distribuida arbitrariamente. No hay una relación razonable entre los niveles de audiencia de los medios y los volúmenes publicitarios que reciben del Estado. El principal canal argentino de televisión abierta -canal 13- recibió en 2011 el 0,4% de la torta publicitaria estatal, mientras que su principal competidor obtuvo un porcentaje casi cien veces superior. El grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, tuvo un incremento de más del 900%, entre 2010 y 2011, de la publicidad proveniente del Estado. En la Capital hubo diarios que crecieron, en el último año, entre un 40 y un 270% en la recepción de avisos oficiales, mientras que los diarios de mayor circulación tuvieron índices negativos. Perfil pasó de recibir 2,1 millones de pesos en 2010 a 386.000 en 2011, aunque la Corte dictaminó que debía obtener un trato equitativo.
  • Al uso discrecional de la pauta oficial debe sumarse el empleo de fondos públicos en programas con fines proselitistas.
  • En diciembre del año pasado se sancionó una ley que permite regular la producción, comercialización e importación de papel para diarios. La ley habilita un intervencionismo estatal que registra oscuros antecedentes para la libertad de prensa. La principal garantía para el abastecimiento de este insumo consiste en mantener la libertad de importación, sin cupos, trabas o aranceles.
  • En la misma semana en que se sancionó la ley sobre el papel, se registraron dos medidas preocupantes contra sendos medios. La empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, fue allanada por orden de un juez incompetente. LA NACION sufrió una inhibición general de bienes por una deuda no exigible. En esos días se sancionó la denominada ley antiterrorista, norma a la que el titular de la Unidad de Información Financiera consideró aplicable a los medios.
  • Varios periodistas del interior fueron amenazados por la publicación de notas sobre el narcotráfico en sus ciudades, entre ellos, Omar Bello, director de La Verdad, de Junín, y Hernán Lascano, de La Capital, de Rosario. A esto se suman las agresiones, en los últimos meses, a Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Kempa, Mario Ruarte, Cristian Acuña y un equipo periodístico de Caiga Quien Caiga , mientras sigue la persecución judicial, mediante querellas criminales, sobre altos directivos de Clarín y LA NACION.
La sesión continuó con la exhibición de un video de la SIP que mostró imágenes del allanamiento a Cablevisión, la calificación presidencial de nazis a periodistas, el abrupto corte del programa de Marcelo Longobardi por C5N, fragmentos de 6,7,8 y las acusaciones de Aníbal Fernández a los diarios por hacer "una forma moderna de golpe de Estado" y del vicepresidente Amado Boudou en el sentido de que "buscan derrumbar al Gobierno". Una voz en off señalaba: "Hay un creciente temor a expresarse por miedo a la represalia estatal".
En la sala principal del Palacio de Congresos el silencio era total. Presidía la sesión el editor de The Washington Post y titular de la SIP, Milton Coleman; Jaime Mantilla, del diario Hoy, de Ecuador -el futuro presidente de la entidad-; Felipe Edwards, de El Mercurio, de Chile, y Cristina Aby-Azar, de The Wall Street Journal, entre otros editores.
La delegación argentina estuvo integrada por el director de LA NACION, Bartolomé Mitre; Jorge Fascetto, de Diario Popular; Martín Etchevers y Saturnino Herrero Mitjans, de Clarín; Carlos Jornet, de La Voz del Interior, de Córdoba; Raúl y Ernesto Kraiselburd, de El Día, de La Plata, y Leonor Etchevehere, del Diario de Paraná, Entre Ríos, además del director de Relaciones con la Comunidad de LA NACION, Norberto Frigerio, y este redactor.
Luego expusieron periodistas de Brasil, Chile y Uruguay. Hubo un comentario unánime: la normalidad de los vecinos deja más en evidencia la virulencia oficial hacia la prensa en la Argentina. Un editor paulista recordó cuando Dilma Rousseff dijo que prefería un millón de voces críticas que el silencio de las dictaduras. Y un uruguayo, cuando el presidente Mujica señaló que no hay mejor ley de prensa que la que no existe.
A la Argentina sólo le piden una cosa: que no los contagie.
http://icrtencubalibre.blogspot.com/2012/04/preocupa-en-la-sip-la-situacion.html

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